La OCDE recientemente hace unas recomendaciones en materia de integridad pública a los países miembros. Recordemos que Colombia hizo su adhesión desde el 2020, lo que le exige cumplir con importantes reformas como” lucha contra el soborno”, entre muchas otras. Para dar cumplimiento se requiere de hacer gran énfasis en la gestión de riesgos y en promover una cultura de integridad en toda la sociedad. Se podría decir entonces que; la ética desde lo público requiere observar, mantener y defender la ética pública, más que una necesidad es una obligación del Estado y por consiguiente una exigencia perentoria del comportamiento ético con el necesario e imprescindible propósito de combatir el delito de la corrupción, y por el derecho de la sociedad a recibir los beneficios y resultados del correcto empleo y seguimiento de los valores, principios y normas de la moral y de la ética (Amézquita y Aguilar, 2018).
Según Transparencia por Colombia (2018), la corrupción es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición está compuesta de tres elementos: el mal uso del poder; el poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado; y un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.
En este sentido la Policía Nacional de Colombia, en línea de las exigencias de un mundo dinámico y cambiante, que reclama máxima pulcritud y honestidad de sus servidores públicos, respeto por los derechos humanos y protección especial para las minorías; actualmente cuenta con una nueva Política Integral de Transparencia Policial (PITP). Siendo esta trasversal a todo el proceso de Modernización y transformación Institucional (MTI) y contempla entre otros, rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, reforzando los mecanismos de veedurías ciudadanas, el dialogo multisectorial y el control externo, y el fortalecimiento de la Inspección General de la Policía Nacional, bajo la supervisión del Ministerios de Defensa Nacional y la Procuraduría de la Nación.
Se puede concluir entonces la importancia de la PITP durante el proceso de formación de los oficiales que aspiran a especializarse en seguridad, ya que una vez finalizado su proceso académico asumirán cargos estratégicos y de mayor nivel de responsabilidad no sólo operativamente, sino desde la administración, supervisión y control de los uniformados adscritos a las unidades policiales, que se enfrentan a las exigencias de una ciudadanía que reclama servidores públicos éticos, respetuosos de la ley, la Constitución Nacional, los DD.HH, DIH.